Reexclusión financiera en Ecuador: un riesgo silencioso

La reexclusión financiera en Ecuador es un fenómeno creciente que afecta a miles de ciudadanos. Entre 2019 y 2024, más de 363.000 personas que habían accedido al sistema financiero formal perdieron ese derecho por caer en mora, enfrentar juicios o tener mal historial crediticio.

Esta exclusión golpea especialmente a jóvenes, hombres y personas con ingresos bajos. El sistema, que debería ser un puente hacia el desarrollo, se ha convertido en un obstáculo para muchos.

¿Quiénes sufren la reexclusión financiera?

La mayoría de los reexcluidos en Ecuador son hombres (245.000 casos). Las mujeres representan 153.000. El grupo más vulnerable son los jóvenes menores de 25 años, que pasaron de 2.800 a 19.500 casos.

Además, las personas con ingresos inferiores a USD 800 mensuales fueron las más afectadas, con un incremento del 46%. Las provincias más golpeadas por la reexclusión financiera son Guayas, Manabí y Pichincha.

Urge fomentar una inclusión financiera sostenible

La reexclusión financiera en Ecuador no solo impide acceder a crédito. También limita el emprendimiento, la educación y la estabilidad familiar. Por eso, se necesitan políticas públicas que impulsen la educación financiera, mecanismos de rehabilitación crediticia y modelos de evaluación más humanos.

Promover una inclusión financiera responsable es esencial para el crecimiento económico. Un sistema justo no solo debe incluir, sino sostener.

Muchos de los afectados por la reexclusión financiera en Ecuador accedieron inicialmente a microcréditos o productos básicos como cuentas de ahorro. Sin embargo, ante la falta de acompañamiento financiero, educación sobre tasas de interés y protección al consumidor, estos usuarios terminaron sobreendeudados y fuera del sistema formal. Esta realidad refleja una falla estructural en el diseño de productos financieros accesibles y sostenibles.

Además del impacto económico, la reexclusión tiene un alto costo social. Impide acceder a oportunidades laborales, alquileres, seguros e incluso educación. Las personas excluidas enfrentan una forma moderna de marginación, en un mundo donde el historial crediticio define el acceso a derechos básicos. Por eso, el combate a la reexclusión debe ser una prioridad de bancos, cooperativas y organismos públicos.