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Ajuste fiscal en el Ecuador: entre la disciplina y el desarrollo

El ajuste fiscal Ecuador se ha convertido en el eje central de la política económica en 2025. En julio, el gobierno tomó decisiones fiscales significativas que han reconfigurado su aparato estatal y reavivado el debate sobre el equilibrio entre ajuste y crecimiento. La firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la emisión del Decreto Ejecutivo Nº 60 —que implica el despido de 5.000 funcionarios públicos y la reducción del número de ministerios de 20 a 14— y la promesa de consolidación fiscal sostenida colocan al país en una encrucijada histórica.
¿Puede un país en desarrollo alcanzar sostenibilidad fiscal sin sacrificar la cohesión social ni truncar su camino hacia el desarrollo?
La disciplina fiscal como punto de partida
El acuerdo con el FMI establece metas ambiciosas: reducir el gasto en salarios públicos en al menos 1,2% del PIB acumulado hasta 2028, focalizar subsidios, mejorar la transparencia y garantizar sostenibilidad en la deuda pública. Estas recomendaciones se alinean con los principios clásicos de la disciplina fiscal: equilibrar las cuentas públicas, reducir el déficit estructural y controlar el endeudamiento.
El Decreto Nº 60 ejecutado por el gobierno del presidente Daniel Noboa marca un hito en la implementación de este enfoque. Al reducir el tamaño del Estado en un 41% en términos de estructura ejecutiva y eliminar 5.000 plazas laborales (excluyendo áreas críticas como salud y seguridad), se busca generar ahorros inmediatos, fortalecer la señal hacia organismos multilaterales y sentar las bases para una nueva administración pública más eficiente.
Sin embargo, si bien la consolidación fiscal puede crear condiciones de estabilidad macroeconómica, la experiencia internacional muestra que no garantiza por sí sola el crecimiento ni la equidad.
Lecciones de éxito: más allá del ajuste
Casos como el de Canadá en los años 90, Suecia tras la crisis bancaria de los 90, y Chile en las primeras décadas del siglo XXI ofrecen importantes lecciones. Todos estos países enfrentaron crisis fiscales profundas, pero lograron implementar ajustes sin frenar el crecimiento económico e incluso potenciando la inversión pública y la confianza.
- Canadá recortó el gasto público en más de 6% del PIB entre 1995 y 1998, pero protegió áreas estratégicas y se apoyó en un entorno de crecimiento externo favorable (EE.UU. en expansión).
- Suecia acompañó su ajuste con reformas estructurales, mejoras en el sistema de bienestar y una política industrial activa.
- Chile diseñó una regla fiscal estructural que le permitió ahorrar en tiempos de bonanza y mantener el gasto público en recesiones.
La clave en estos procesos fue el gradualismo, la transparencia, el enfoque integral y el consenso político. Ninguno de estos elementos puede darse por sentado en Ecuador, donde el margen de maniobra institucional y social es más frágil.
Evaluación desde cuatro ejes
Jeffrey Sachs, en su enfoque de economía clínica, propone que las soluciones económicas no deben basarse en recetas universales, sino en diagnósticos contextuales. Para él, cualquier política macroeconómica debe evaluarse a partir de cuatro entornos simultáneos:
Entorno interno
Ecuador enfrenta altos niveles de pobreza, desempleo estructural, informalidad cercana al 60%, y brechas profundas en infraestructura, educación y salud. Si los recortes fiscales afectan la inversión pública o los servicios esenciales, podrían profundizar estas fragilidades internas.
Entorno político
El capital político del gobierno, aunque reforzado por su narrativa de eficiencia, enfrenta límites ante una ciudadanía desencantada. La legitimidad de las reformas depende de su transparencia, del diálogo social y de la percepción de equidad en su aplicación. Sin una estrategia política clara, incluso una reforma técnicamente sólida puede fracasar.
Contexto geopolítico
Ecuador opera en un entorno internacional desafiante: precios de commodities volátiles, creciente competencia por financiamiento externo, y presiones geopolíticas que pueden afectar flujos de comercio e inversión. El alineamiento con el FMI puede abrir puertas, pero también obliga a cumplir metas que podrían volverse inflexibles ante shocks externos.
Entorno social-tecnológico
Las capacidades tecnológicas del Estado y la sociedad son limitadas. Reducir personal sin digitalizar procesos o mejorar capacidades técnicas puede simplemente trasladar la ineficiencia. Además, el tejido social ya muestra signos de fatiga: migración, descontento juvenil, y percepción de abandono en zonas rurales.
Reasignación del gasto y eficiencia institucional
El peligro principal no es la consolidación fiscal en sí misma, sino su desconexión del desarrollo productivo y humano. Un Estado más pequeño no es automáticamente más eficiente. El éxito dependerá de si los recursos ahorrados se reorientan hacia inversión pública estratégica, educación, ciencia y tecnología, y si se fortalecen mecanismos de protección social para los más vulnerables.
Un ajuste que no se acompañe de una agenda de crecimiento inclusivo corre el riesgo de generar un círculo vicioso: reducción de servicios, mayor desigualdad, menor legitimidad del Estado y posible estancamiento económico.
Liderazgo, sostenibilidad y visión de largo plazo
Ecuador tiene ante sí la oportunidad de demostrar que la disciplina fiscal puede ser compatible con el desarrollo sostenible, pero eso exige una visión de Estado integral. Las medidas recientes deben evaluarse no solo por su impacto contable, sino por su coherencia con una estrategia nacional de transformación.
El país debe evitar caer en una visión tecnocrática que ignore su entorno político, social y geopolítico. El éxito no radica únicamente en cumplir metas del FMI, sino en fortalecer la institucionalidad del país, restaurar la confianza ciudadana y preparar al Estado para liderar la transición hacia un modelo productivo.
El éxito del ajuste fiscal Ecuador dependerá de su capacidad de acompañarse con inversión productiva y visión de largo plazo.La diferencia está en la calidad del liderazgo y en la capacidad de pensar más allá de las cuentas contables, y diseñar políticas que empaticen con la gente.
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